Las Comisiones Unidas del Congreso de la Ciudad de México aprobaron por unanimidad el dictamen que reforma los artículos 3 y 9 de la Constitución local en materia de cuidados, una modificación que busca reconocer su valor social y económico, pero que también abre cuestionamientos sobre su viabilidad operativa y presupuestal.
El dictamen retoma las iniciativas impulsadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y la diputada Tania Nanette Larios Pérez, con el objetivo de incorporar los cuidados como principio rector en la Carta Magna capitalina, elevándolos a rango constitucional dentro del marco de derechos sociales.
De acuerdo con lo aprobado, el Artículo 3 reconocerá explícitamente el valor de los cuidados en la vida pública y económica de la ciudad, mientras que el Artículo 9 integrará este concepto bajo un enfoque de derechos humanos, garantizando acceso a condiciones básicas como salud, alimentación y educación.
Durante la sesión realizada en el Salón “Benita Galeana”, legisladores destacaron el alcance de la reforma. La diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho subrayó que estas modificaciones fortalecen el derecho al cuidado y amplían los principios constitucionales orientados al bienestar social.
Sin embargo, más allá del consenso legislativo, la discusión también apuntó a los desafíos de implementación. La presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales señaló que esta reforma forma parte de una política pública orientada a la igualdad sustantiva y el desarrollo social, aunque reconoció la necesidad de incorporar principios como progresividad, territorialidad, profesionalización y rendición de cuentas.
En ese sentido, el legislador Víctor Gabriel Varela López calificó la medida como “revolucionaria”, al establecer los cuidados como un derecho humano, mientras que Valentina Valia Batres Guadarrama enfatizó que el Sistema de Cuidados deberá contemplar tres dimensiones: el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado.
Uno de los puntos centrales del debate fue el impacto económico del trabajo de cuidados. Según datos citados en la sesión, estas actividades representan cerca del 28 por ciento de la economía de la ciudad, una proporción significativa que históricamente ha recaído de manera desproporcionada en las mujeres, sin reconocimiento formal ni remuneración adecuada.
Aunque la aprobación en comisiones representa un avance legislativo, especialistas y actores sociales han advertido que el verdadero reto será traducir este reconocimiento constitucional en políticas públicas efectivas, con presupuesto suficiente, infraestructura y mecanismos de evaluación claros, evitando que el derecho al cuidado quede solo en el plano declarativo.
La reforma deberá ser discutida y votada en el pleno del Congreso local en los próximos días, donde se definirá su aprobación definitiva y eventual entrada en vigor.
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