Por Juan Pablo Ojeda
La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó una acusación formal contra el Estado mexicano por omisión de responsabilidades en la crisis de desapariciones forzadas. Alejandro Moreno Cárdenas responsabilizó directamente a la administración del partido Morena tras la localización ciudadana de 219 restos óseos en los límites de Tláhuac y Chalco, evidenciando fallas en la política de seguridad federal.
El eje central de la denuncia de Moreno se enfoca en el abandono institucional hacia las víctimas. El dirigente subrayó que el hallazgo de más de cien restos humanos confirmados fue producto exclusivo del esfuerzo de las madres buscadoras, quienes, según sus palabras, están ejecutando labores de rastreo y peritaje territorial que corresponden constitucionalmente a las fiscalías y comisiones de búsqueda del Estado.
Para fundamentar su acusación de negligencia sistemática, el líder priista expuso el caso del Rancho Izaguirre en Jalisco. Moreno denunció que las autoridades de seguridad y procuración de justicia tenían conocimiento de las operaciones de exterminio y reclutamiento forzado en ese predio desde 2023, pero optaron por la inacción, permitiendo la consolidación del control territorial por parte del crimen organizado.
La evaluación política de Moreno Cárdenas califica al actual gobierno como «totalmente rebasado». El reclamo exige rendición de cuentas sobre la falta de una estrategia efectiva de contención y desarticulación de células criminales, advirtiendo que la impunidad oficial ha propiciado una escalada de violencia reflejada en el incremento de restos localizados durante el presente año en comparación con 2025.
Frente a esta coyuntura de seguridad, el presidente del PRI articuló un llamado a la movilización electoral. Moreno exigió un cambio de régimen, argumentando que el país requiere una administración capaz de enfrentar a las organizaciones delictivas «de frente y con firmeza», asumiendo la responsabilidad jurídica y operativa ante las familias de los desaparecidos.
La exigencia de rendición de cuentas interna coincide con presiones de fiscalización internacional. El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta el escrutinio del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, cuyo reciente informe documentó las deficiencias estructurales del Estado mexicano para garantizar la búsqueda de personas y la impartición de justicia.
Aunque la administración federal rechazó las conclusiones del comité por considerarlas metodológicamente sesgadas, el Ejecutivo ha tenido que ceder ante la presión diplomática. La presidenta Sheinbaum aclaró este lunes que los canales de comunicación con la ONU permanecen abiertos, programando reuniones con el Alto Comisionado para responder a los señalamientos sobre las omisiones gubernamentales en materia de derechos humanos.
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