En un intento por fortalecer el acceso a servicios de salud dentro del sistema penitenciario, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la instalación de cuatro equipos de rayos X en distintos centros de reclusión, medida que busca reducir traslados hospitalarios y mejorar la detección oportuna de enfermedades entre la población privada de la libertad.
La administración encabezada por Clara Brugada Molina, a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, informó que estos equipos fueron distribuidos en los reclusorios Norte, Oriente, Sur y la Penitenciaría de la capital, como parte de una estrategia orientada a la prevención y atención temprana de padecimientos.
Durante el acto protocolario, la titular de la dependencia, Nadine Flora Gasman Zylbermann, señaló que la política pública actual busca consolidar una “Ciudad que Produce Salud”, priorizando la atención preventiva incluso en sectores históricamente marginados, como la población penitenciaria. La funcionaria enfatizó que el derecho a la salud está consagrado en el artículo 4° constitucional, por lo que su garantía debe ser universal.
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el sistema penitenciario realizaba más de 30 mil traslados anuales a hospitales externos, de los cuales cerca del 15% correspondían exclusivamente a estudios de radiología. Con la implementación de esta tecnología, se estima evitar hasta cinco mil traslados al año, lo que también impactaría en la logística de seguridad y en la reducción de costos operativos.
El subsecretario del Sistema Penitenciario, Andrés Ponce Aceituno, destacó que la medida permitirá incrementar la capacidad de resolución médica al interior de los centros, aunque no precisó si se acompañará de mayor personal especializado o mantenimiento continuo de los equipos, aspectos clave para su funcionamiento sostenido.
Especialistas en derechos humanos han señalado que, si bien la incorporación de tecnología médica representa un avance, persisten retos estructurales en el sistema penitenciario, como la sobrepoblación, el acceso limitado a atención especializada y la insuficiencia de medicamentos, lo que podría limitar el impacto real de estas acciones si no se atienden de manera integral.
Por su parte, el director de la Penitenciaría, Guillermo Mandujano Rosillo, aseguró que la incorporación de equipo médico de vanguardia dentro de los centros penitenciarios refleja la convergencia entre seguridad pública y salud, bajo el principio de protección a la vida y la dignidad de las personas privadas de la libertad.
En el evento también participaron funcionarios del sector salud, entre ellos Ricardo Arturo Barreiro Pereda, Damaris Chávez Pedrote y Eduardo Vázquez Cano, quienes coincidieron en que la medida contribuirá a mejorar la atención médica intramuros.
Si bien la iniciativa apunta a reducir brechas en el acceso a la salud dentro de los centros de reclusión, su efectividad dependerá de la implementación, supervisión y continuidad presupuestal, en un contexto donde organizaciones civiles han insistido en la necesidad de una política penitenciaria más amplia, centrada en derechos humanos.
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