Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano ya se cocina una reforma que busca ordenar algo que cualquiera que viva en una ciudad ha notado: cada vez hay más motocicletas en las calles, pero también más accidentes. La diputada de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado Castro presentó un informe que recoge lo que especialistas, autoridades y ciudadanos están proponiendo para cambiar esta realidad.
El punto de partida es sencillo de entender: no se trata de culpar a los motociclistas. De hecho, el diagnóstico que salió de las mesas de trabajo es que el problema es más grande y tiene que ver con cómo están diseñadas las ciudades, cómo se da el transporte público y qué tan preparada está la gente para moverse en la vía pública.
En términos de política pública, lo que se plantea es dejar atrás la lógica de castigar y empezar a construir soluciones integrales. Por ejemplo, mejorar la educación vial desde lo básico, hacer más estrictos y útiles los procesos para obtener licencias, y generar infraestructura más segura, como carriles adecuados o mejor señalización.
Otro punto clave es reconocer a los motociclistas como usuarios vulnerables. Esto significa que, en un accidente, tienen más probabilidades de salir lastimados o incluso perder la vida, por lo que las políticas deben enfocarse en protegerlos, no en estigmatizarlos.
El crecimiento del uso de motocicletas no es casual. Después de la pandemia, muchas personas encontraron en este medio una alternativa más barata y rápida ante un transporte público que, en muchos casos, sigue siendo insuficiente. Ahí entra otro ángulo del problema: mientras no mejore el transporte masivo, la gente seguirá buscando otras opciones para moverse.
Desde distintas bancadas coincidieron en algo: esto no se resuelve con una sola medida. La diputada Nancy Aracely Olguín Díaz puso sobre la mesa propuestas como escuelas de manejo gratuitas y mayor uso de equipo de protección, mientras que Alma Delia Navarrete Rivera subrayó que también hay una deuda pendiente en integrar formalmente a las motocicletas dentro de la Ley General de Movilidad.
Las autoridades federales también entraron al debate. Desde la Sedatu y la Secretaría de Salud se insistió en que cualquier cambio debe basarse en datos reales y en experiencias internacionales, porque los accidentes viales no son solo un tema de tránsito, sino de salud pública.
En pocas palabras, lo que busca esta reforma es ordenar un fenómeno que ya está aquí y que está transformando la movilidad en México. No se trata de frenar el uso de motocicletas, sino de hacerlo más seguro para todos.
El reto ahora será convertir estas ideas en ley. Porque si algo quedó claro en el Congreso es que el problema no es individual, sino estructural, y que solo con coordinación entre gobierno, sociedad y usuarios se podrá reducir el número de accidentes en las calles.
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