Como parte de una estrategia interinstitucional, la administración encabezada por Clara Brugada Molina desplegó acciones en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez y Miguel Hidalgo para verificar que los espacios de alojamiento cumplan con la normatividad vigente en materia administrativa, de seguridad y protección civil.
Los operativos fueron coordinados por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, instancias que señalaron que el objetivo central es prevenir riesgos y proteger a las personas usuarias de estos servicios.
De acuerdo con información oficial, tres establecimientos fueron suspendidos por incumplir requisitos legales, mientras que en otros cuatro casos se repusieron sellos de clausura, luego de detectarse que continuaban operando de manera irregular. Esta práctica derivó en la detención de cuatro personas por el delito de quebrantamiento de sellos, una falta que implica sanciones administrativas y penales.
Las autoridades también detectaron que algunos responsables omitieron informar a los huéspedes sobre la situación jurídica de los inmuebles, manteniendo el servicio activo e incluso realizando cobros, lo que generó inconformidades entre los usuarios afectados y pone en entredicho los mecanismos de supervisión previos.
Un caso particular evidenció la complejidad de estos operativos: en uno de los inmuebles intervenidos no se bloqueó el acceso pese a la reposición de sellos, debido a la presencia de personas con condiciones médicas que requerían oxígeno. En este contexto, las autoridades otorgaron un plazo de 48 horas para el desalojo seguro, priorizando el respeto a los derechos humanos.
Si bien el gobierno capitalino sostiene que estas acciones buscan garantizar condiciones seguras, dignas y legales en los espacios de hospedaje, los resultados también reflejan la persistencia de establecimientos que operan al margen de la regulación, así como posibles vacíos en la supervisión continua.
En este sentido, la administración local reiteró que los operativos continuarán de manera permanente como parte de una política de prevención de riesgos y protección ciudadana, en un contexto donde el crecimiento de la oferta de hospedaje —formal e informal— exige mayores controles institucionales.
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