Por Bruno Cortés
En medio de la próxima revisión del tratado comercial más importante para México, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar lanzó una propuesta que, aunque suena técnica, tiene impacto directo en la economía diaria: poner el combate a la corrupción como prioridad dentro del T-MEC.
La discusión gira en torno al llamado Capítulo 27, que en pocas palabras es el apartado del tratado que obliga a México, Estados Unidos y Canadá a prevenir, detectar y castigar la corrupción en temas de comercio e inversión. ¿Por qué importa? Porque cuando hay corrupción en aduanas, contratos o trámites, el dinero no llega completo a donde debe y los negocios se vuelven desiguales.
Ramírez Cuéllar lo explicó de forma directa: la corrupción no solo es un problema moral, también afecta el bolsillo. Distorsiona los precios, permite ventajas indebidas y termina debilitando la confianza en las instituciones. Es decir, impacta tanto a empresas como a ciudadanos que dependen de una economía más justa.
Uno de los puntos clave está en las aduanas, ese lugar donde entran y salen mercancías todos los días. Ahí, pequeñas decisiones pueden convertirse en grandes pérdidas si hay sobornos, subvaluaciones o arreglos ilegales. Por eso, desde el Congreso se plantea fortalecer controles, usar más tecnología y reducir la discrecionalidad de los funcionarios.
La lógica detrás de esta propuesta es sencilla: si se limpia la puerta de entrada del comercio, se mejora todo el sistema económico. Menos corrupción significa mayor recaudación, más competencia real y mejores condiciones para invertir.
En este debate también participan autoridades técnicas como Claudia Ávila Connelly, quien puso sobre la mesa una idea importante: la integridad no se logra solo castigando, sino previniendo. Es decir, no basta con reaccionar cuando ya hubo corrupción, sino crear sistemas que la hagan más difícil desde el inicio.
Esto implica reglas claras, capacitación, vigilancia constante y transparencia. En términos simples, que hacer lo correcto sea la norma y no la excepción dentro del servicio público.
Desde la sociedad civil, voces como Saraí Salvatierra advierten que México llega a esta revisión con retos importantes, sobre todo por cambios recientes en temas de transparencia y el bajo perfil del sistema anticorrupción. Esto podría pesar en la negociación con sus socios comerciales.
El fondo del asunto es que el T-MEC no solo trata de comercio, sino de confianza. Si México quiere seguir siendo un socio atractivo, necesita demostrar que puede garantizar reglas claras y combatir prácticas ilegales de forma efectiva.
Lo que está en juego no es menor. De acuerdo con especialistas como Jacobo Pastor, el dinero que manejan los gobiernos en contratos públicos representa una parte importante de la economía, y ahí también hay riesgos de corrupción que deben atenderse.
Así, la propuesta de poner el Capítulo 27 al centro no es solo un tema técnico de tratados internacionales. Es, en realidad, una apuesta por mejorar cómo funciona la economía desde adentro, cerrando espacios a la corrupción que termina afectando desde grandes inversiones hasta el precio de productos que llegan al consumidor.
En pocas palabras, lo que se discute en el Congreso puede parecer lejano, pero tiene un impacto directo: un comercio más limpio puede traducirse en un país más competitivo y, sobre todo, más justo.
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