Por Juan Pablo Ojeda
Autoridades del estado de Chiapas inhabilitaron diversas páginas web y cuentas en redes sociales presuntamente relacionadas con actividades de delincuencia organizada, como parte de una estrategia para contener la difusión de contenidos que, según el gobierno estatal, afectan el orden público y la seguridad.
La acción fue encabezada por la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, que identificó espacios digitales aparentemente utilizados como instrumentos para la propagación de mensajes vinculados a posibles estructuras delictivas.
En coordinación con la Fiscalía General del Estado de Chiapas y el Poder Judicial estatal, se procedió a la inhabilitación de las cuentas denominadas “Chiapas Crudo”, “Tabo Ruiz”, “Marino Militar” y “Lupita Álvarez Jiménez”. De acuerdo con el comunicado oficial, tanto las cuentas como sus administradores se encuentran bajo investigación.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo reiteró que mantiene una política firme para impedir que plataformas digitales sean utilizadas como herramientas al servicio de intereses ilícitos. Señaló que el uso de medios digitales para la comisión de conductas ilícitas, la manipulación informativa o la generación de narrativas asociadas con estructuras criminales será investigado y, en su caso, sancionado conforme a la ley.
El gobierno estatal también hizo un llamado a la ciudadanía para actuar con responsabilidad en el entorno digital, evitar la difusión de contenidos de origen ilícito y denunciar cualquier espacio o conducta en redes sociales que pudiera estar relacionada con actividades delictivas.
Las autoridades no detallaron hasta el momento el tipo específico de contenidos difundidos ni si existen órdenes de aprehensión en curso, aunque subrayaron que las investigaciones continúan abiertas.
La medida se enmarca en un contexto nacional donde el uso de plataformas digitales ha cobrado relevancia tanto para la comunicación ciudadana como para la operación de grupos delictivos, lo que ha llevado a distintos gobiernos estatales a reforzar mecanismos de monitoreo y control en el ámbito digital.
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