Por Bruno Cortés
En el Congreso no todo se trata de grandes obras o megaproyectos; a veces, las decisiones más importantes pasan por caminos pequeños, literalmente. La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural aprobó una reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que los caminos rurales y artesanales sean reconocidos formalmente en la ley, algo que hasta ahora no ocurría, aunque en muchas comunidades son la única vía de acceso a escuelas, centros de salud y mercados.
La iniciativa, respaldada por unanimidad, busca que estos caminos dejen de ser vistos como soluciones temporales y se conviertan en parte de una política pública permanente. La clave del modelo es la participación comunitaria: que sean las propias personas de las comunidades quienes construyan, rehabiliten y mantengan los caminos, generando empleo local y cuidando una infraestructura que sienten como propia.
Desde la Comisión se explicó que el esfuerzo federal se concentrará en el Programa de Caminos Artesanales, un esquema que prioriza la mano de obra local y el conocimiento del territorio. El problema, advirtieron los legisladores, es que si este enfoque no se reconoce en la ley y no se aplica de manera equitativa en todo el país, muchas regiones podrían quedarse sin atención, profundizando las desigualdades entre comunidades bien conectadas y otras prácticamente aisladas.
El diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, autor de la propuesta, subrayó que estos caminos no solo conectan lugares, sino personas, y que su mantenimiento depende en gran medida del compromiso comunitario. En la misma línea, la presidenta de la Comisión, Leticia Barrera Maldonado, señaló que la reforma busca armonizar la ley con los programas sociales y las políticas actuales del Gobierno Federal, para que el desarrollo rural no se quede en el discurso.
Desde Morena y el PT hubo respaldo al dictamen, especialmente porque se incorpora de manera explícita la participación comunitaria como eje central, lo que permite que las comunidades artesanales no solo sean beneficiarias, sino protagonistas de su propio desarrollo.
En contraste, la Comisión rechazó otra propuesta relacionada con el campo: eliminar impuestos como el IVA o el IEPS al combustible usado en actividades agropecuarias. Aunque la intención era aliviar los costos de producción, la mayoría consideró que la iniciativa no explicaba cómo se compensaría la pérdida de ingresos para el Estado, un punto clave cuando se habla de finanzas públicas. Así, mientras los caminos rurales avanzan en el papel y en la ley, el debate sobre apoyos fiscales al campo sigue abierto.
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