Por Juan Pablo Ojeda
Desde la madrugada de este martes, el penal del Altiplano volvió a colocarse en el centro de la agenda de seguridad nacional. Movimientos inusuales, sobrevuelos de helicópteros y vehículos militares encendieron las alertas en Almoloya de Juárez, Estado de México. Horas después, la escena quedó clara: 37 personas privadas de la libertad fueron trasladadas a Estados Unidos como parte de los acuerdos de cooperación entre ambos países.
El operativo comenzó alrededor de la una de la mañana, cuando habitantes de la zona notaron una intensa actividad aérea en las inmediaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 1. Durante varias horas, aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas entraron y salieron del penal, hasta que el movimiento se concentró en el Aeropuerto Internacional de Toluca.
Cerca del mediodía, un avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea Mexicana, con matrícula FAM3611, despegó desde Toluca con destino a Estados Unidos, marcando la primera entrega de reos de alto perfil en lo que va de 2026. Fuentes federales confirmaron que se trató de 37 delincuentes mexicanos con procesos pendientes ante la justicia estadounidense, principalmente por delitos relacionados con el crimen organizado.
Más tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó oficialmente el traslado. Explicó que el Gabinete de Seguridad ejecutó la operación conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo los mecanismos de cooperación bilateral, subrayando que se realizó con pleno respeto a la soberanía mexicana.
De acuerdo con el funcionario, la entrega se hizo a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos y con el compromiso explícito de que no se solicitará la pena de muerte contra los reclusos trasladados. Los internos fueron distribuidos en distintas ciudades, entre ellas Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, utilizando un total de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.
García Harfuch destacó que con esta acción ya suman 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos durante la actual administración, con el argumento de que su salida del país reduce riesgos y capacidad operativa de organizaciones criminales en territorio nacional.
El traslado vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Para el gobierno federal, estas entregas forman parte de una estrategia para contener la violencia y desarticular redes criminales transnacionales. Para la opinión pública, el mensaje es claro: el Altiplano sigue siendo una pieza clave en la relación bilateral y en la política de seguridad del país.
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