Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó un movimiento clave en su equipo de gobierno al nombrar a Esthela Damián Peralta como nueva consejera jurídica del Ejecutivo Federal, un cargo estratégico para la operación legal y constitucional del gobierno. Damián sustituye a Ernestina Godoy, quien dejó la Consejería a principios de este mes para asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República, tras la salida de Alejandro Gertz Manero.
El nombramiento refuerza una de las áreas más sensibles de la administración federal, ya que la Consejería Jurídica es la oficina encargada de revisar la constitucionalidad de leyes, decretos y políticas públicas, además de representar legalmente al Ejecutivo. En términos sencillos, es el filtro legal que asegura que las decisiones del gobierno estén bien amarradas jurídicamente antes de aplicarse.
El gobierno federal destacó la trayectoria de Esthela Damián, quien hasta esta mañana se desempeñaba como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Desde esa posición, estuvo vinculada al diseño y coordinación de políticas públicas orientadas a la prevención del delito y la atención de las causas de la violencia, un tema prioritario en la agenda nacional.
Damián cuenta con experiencia tanto en la administración pública como en el ámbito legislativo, lo que le da un perfil técnico y político a la vez. Para el gobierno, este tipo de perfiles resulta clave en un momento en el que se impulsan reformas y ajustes legales que requieren solidez jurídica y coordinación con el Congreso.
La salida de Ernestina Godoy y su llegada a la Fiscalía General de la República marcó un relevo relevante dentro del aparato de justicia del país. Ahora, con la llegada de Esthela Damián a la Consejería Jurídica, la presidenta Sheinbaum busca mantener continuidad en la estrategia legal del Ejecutivo y asegurar que las decisiones de gobierno avancen con respaldo constitucional.
El nombramiento ocurre en un contexto en el que el gobierno federal enfrenta una agenda legislativa intensa y retos legales importantes, por lo que la figura de la consejera jurídica se vuelve central para dar certeza a las políticas públicas y a la relación entre poderes.
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