Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se vivió un encuentro de esos que no hacen ruido afuera, pero que podrían cambiarle la vida a miles de personas que hoy viven en el olvido institucional: las víctimas de desplazamiento forzado interno. Ese término tan largo y tan técnico describe algo muy simple y muy brutal: familias mexicanas que se ven obligadas a abandonar su casa por la violencia, por conflictos comunitarios, por grupos armados o por la omisión de las propias autoridades. No se van a otro país; se quedan aquí, pero sin hogar, sin protección y sin garantías.
Durante el foro “Desplazamiento forzado interno en México”, la diputada Evangelina Moreno Guerra, de Morena, encabezó un llamado urgente para construir una Ley General de Desplazamiento Forzado Interno, una que por fin recoja la voz de quienes más han sufrido. La legisladora no llegó sola: la acompañaron la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT), el diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), colectivos de víctimas y la relatora especial de la ONU, Paula Gaviria Betancourt.
Entre todos subrayaron lo mismo: México tiene una crisis humanitaria que casi no se ve, pero que recorre al país entero. Y si no se enfrenta con una política pública clara, con reglas, obligaciones, presupuesto y coordinación real entre autoridades, seguirá creciendo como una herida abierta.
Moreno Guerra insistió en que la nueva ley debe construirse desde abajo, escuchando a las víctimas, a organizaciones civiles, a centros de derechos humanos y a universidades. Porque una política pública que busca restituir derechos —vivienda, seguridad, identidad, salud, estabilidad comunitaria— solo funciona cuando se diseña con quienes viven el problema, no desde un escritorio. Según la diputada, el objetivo es claro: dejar atrás la dispersión institucional y crear un marco jurídico que obligue al Estado a atender, proteger y reparar.
La presencia de Paula Gaviria, relatora de la ONU, le dio un peso adicional al foro. Ella recordó que en 2024 hubo 123 millones de personas desplazadas en el mundo, y que 83 millones fueron desplazados dentro de su propio país. “Es casi una pandemia”, dijo, y México no es la excepción. Para la ONU, nuestro país tiene la oportunidad de mostrar liderazgo regional porque, como miembro del Consejo de Derechos Humanos (2025-2027), puede demostrar que es posible avanzar en soluciones reales si hay voluntad política y coordinación entre los tres poderes.
El diputado Alfredo Vázquez Vázquez recordó que en 2022 ya se había aprobado una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, pero se quedó congelada en el Senado. Ahora buscan revivirla o construir una nueva, pero con un enfoque más completo: reparación de daños, atención psicológica, reconocimiento cultural y garantías de retorno seguro para las comunidades. Él lo dijo así: “Todos somos mexicanos y merecemos ser escuchados y atendidos”.
La diputada Cruz Jiménez fue clara: este no puede ser un tema que aparezca solo cuando hay foros. “Vamos a seguir levantando la voz”, aseguró, comprometiéndose a mantener abiertos los espacios para las víctimas.
Y las voces llegaron. Testimonios de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, Morelos y hasta comunidades desplazadas que ahora viven en Estados Unidos y Canadá. Historias desgarradoras que explican por qué urge una ley: asesinatos familiares, abandono total de autoridades, territorios tomados por grupos armados, comunidades enteras que no pueden volver porque hacerlo es ponerse de nuevo frente a la muerte.
Teodomira Rosales, defensora de derechos humanos, reclamó que en algunos estados ya hay leyes, pero sin reglamentación; es decir, “leyes sin derechos”. Elia Reyes Pérez relató cómo perdió a sus padres y varios familiares por conflictos de tierras, y advirtió que no habrá reconciliación sin justicia. Evangelina Contreras, desplazada de Guerrero, denunció que ni siquiera existe atención para lo básico: techo, seguridad, alimento.
Frente a historias así, la relatora de la ONU insistió en lo esencial: esta ley solo tendrá sentido si se convierte en una política pública integral que atienda causas, consecuencias y garantías de futuro. Y eso, añadió, requiere algo que a veces falta en México: visión estratégica y liderazgo político.
El foro cerró con un mensaje claro: la visibilidad es apenas el primer paso. Lo que sigue es trabajo legislativo, acuerdos y decisiones que se traduzcan en protección real. Porque el desplazamiento forzado no es una cifra ni una nota de coyuntura: es una tragedia silenciosa que vacía pueblos, rompe familias y deshace el tejido social. Y este Congreso, dijeron los participantes, ya no puede darse el lujo de ignorarla.
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