Por Bruno Cortés
En San Lázaro volvió a calentarse el ambiente, esta vez con la Ley de Aguas en el centro del huracán. Las diputadas y diputados del PRI, encabezados por su coordinador Rubén Moreira, acusaron a Morena de querer aprobar la nueva legislación “a la carrera”, sin respetar lo que marca la Constitución y, peor aún, sin escuchar a quienes más dependen del agua: los pueblos originarios y los productores del campo.
Moreira fue contundente. Dijo que la discusión debería detenerse de inmediato porque, según explica, el artículo 2 de la Constitución obliga al Congreso a consultar a los pueblos originarios cuando se tocan leyes que afectan directamente su vida, su tierra o sus recursos. Y aquí, asegura, esa consulta simplemente no se hizo. Para él, no es un trámite ni una formalidad: es una obligación que Morena estaría ignorando, dejando fuera a las comunidades que viven de su territorio y que deberían ser las primeras en ser escuchadas.
El legislador también lanzó otra advertencia: afirma que Morena está “engañando” a los productores al incluir un artículo que impide transmitir derechos de agua. En cristiano: si una persona tiene un pozo o una concesión, ya no podría heredarla, venderla o donarla. Él asegura que este detalle está ligado a otros artículos del dictamen, y que aunque Morena presume que se protege el vínculo entre la propiedad de la tierra y el uso del agua, eso queda “al final del procedimiento”, donde pierde fuerza.
Los priistas señalan además que la nueva ley, como está escrita, podría incluso criminalizar a los campesinos al establecer sanciones más duras. Y para reforzar sus argumentos, recordaron que su partido sí organizó foros en varios estados —Ciudad de México, Campeche, Tabasco, Aguascalientes, Puebla y Toluca— donde recogieron preocupaciones y propuestas reales de quienes trabajan la tierra y dependen del agua para producir alimentos.
Otros diputados del PRI se sumaron al reclamo. Humberto Ambriz afirmó que Morena tiene una “línea” para aprobar la ley sin cambios y que el dictamen que se quiere votar es exactamente el mismo que circuló hace una semana, sin las modificaciones que se habían prometido. Por eso volvió a exigir que se escuche a todos los sectores y que haya foros en cada estado, no solo discusiones exprés en comisiones.
El diputado César Domínguez explicó el fondo del problema de manera sencilla: el agua tiene usos muy distintos —pozos en tierras privadas, concesiones agrícolas, uso industrial y doméstico— y la ley tiene que entender que cada uno funciona diferente. Cuando el dictamen prohíbe la transmisión de derechos de agua, dijo, está ignorando cómo funciona la vida real en el campo. Si no se puede heredar o vender ese derecho, los productores quedan amarrados de manos.
La diputada Leticia Barrera reforzó el punto: para ella, esta ley pone en riesgo la producción del campo y, por consecuencia, la seguridad alimentaria del país. Y remató con una crítica directa: “Esta ley debió hacerse del territorio hacia arriba, escuchando a quienes usan el agua todos los días, no desde un escritorio y avalada por mayoría”.
Mientras Morena defiende que la reforma busca ordenar el uso del agua y evitar abusos, el PRI advierte que la propuesta actual podría traer más problemas que soluciones. El debate sigue, y lo que está en juego no es menor: cómo se va a administrar el recurso más importante del país en los próximos años.
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