Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados arrancó uno de esos debates que parecen técnicos, pero que en realidad pegan directo en el bolsillo de quienes viven en la frontera. Diputados y diputadas de Morena anunciaron que van por una reforma para dejar por escrito —en la ley, no en un simple decreto presidencial— que el IVA en esa región del país se quede fijo en 8 por ciento. Y no sólo eso: también pedirán a la presidenta que renueve el decreto vigente, porque está a punto de vencerse y sin él, el impuesto volvería al 16 por ciento como en el resto del país.
El tema lo explicó con claridad el diputado Daniel Murguía Lardizábal, quien contó que tras varias mesas de discusión coordinadas por el diputado Fernando Castro Trenti, la conclusión fue unánime: el IVA reducido no puede seguir dependiendo del humor fiscal sexenal. Quieren que sea una medida permanente. ¿Por qué? Porque en la frontera, la competencia con las ciudades vecinas de Estados Unidos es cosa seria. Muchos mexicanos cruzan para comprar más barato, y eso le pega a los comercios locales. Mantener el IVA en 8 por ciento ayuda a equilibrar la cancha y atraer a los consumidores del otro lado, no sólo perderlos.
Castro Trenti agregó algo clave: el decreto que baja el IVA de 16 a 8 por ciento —y que se puso en marcha en el sexenio pasado— está a días de caducar. Por eso ya preparan una iniciativa para blindarlo. Y no se quedarán en la Ciudad de México. El próximo lunes 15 de diciembre, un grupo de diputados viajará a Tijuana para reunirse con empresarias, empresarios y trabajadores y revisar los números reales: cómo funciona el incentivo fiscal, qué efectos ha tenido y por qué conviene mantenerlo junto con el ISR reducido al 20 por ciento. La idea es escuchar a los sectores productivos y luego pedir formalmente a la presidenta que renueve el decreto antes de que termine el mes.
El diputado Gilberto Herrera Solórzano recordó que estos beneficios fiscales no salieron de la nada: fueron parte del arranque de la llamada Cuarta Transformación, cuando se decidió bajarle la carga fiscal a las familias y a quienes producen en la región. Con ese paquete se redujo el IVA al 8 por ciento, el ISR al 20 por ciento y se impulsó un incremento fuerte del salario mínimo, que la presidenta ya anunció nuevamente para el próximo año.
Las diputadas Nancy Sánchez Arredondo, Claudia Lisbeth Moreno Ramírez e Hilda Araceli Brown Figueredo aprovecharon para poner los datos sobre la mesa: gracias a estas políticas, la inversión extranjera en la zona fronteriza ha crecido, hay más empleo formal y, dicen, se están garantizando derechos sociales que antes se quedaban en el discurso. Sus argumentos apuntan a que fortalecer la frontera no sólo es un tema fiscal, sino de desarrollo, equilibrio económico y hasta de justicia regional.
En resumen, lo que hoy se discute en la Cámara es si la frontera sigue siendo tratada como una región especial que requiere reglas propias para competir, o si vuelve a la lógica fiscal del resto del país. De esa decisión dependerá no sólo cuánto pagamos de impuestos al comprar algo, sino también qué tan atractiva es la región para invertir, trabajar y vivir.
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