La mañana en San Lázaro arrancó con ese ambiente espeso que se siente cuando una decisión legislativa puede cambiarle la vida a miles de personas. Y esta vez el tema es el agua, un asunto que en el papel parece técnico, pero que en la práctica define quién puede sembrar, producir y hasta sobrevivir en muchas regiones del país. Por eso, cuando se propuso adelantar la discusión de la nueva Ley de Aguas, el choque fue inmediato.
Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, fue clara: no le gusta el “fast track”. En palabras sencillas, no quiere que algo tan delicado se vote al vapor. Dijo que, aunque tiene que respetar los procedimientos internos, no comparte la idea de mover el orden del día para acelerar el dictamen. Pero tampoco cerró la puerta: si la mayoría del pleno decide adelantar el debate, ella lo conducirá con ética y respeto, como marca el reglamento.
El movimiento viene impulsado por la Junta de Coordinación Política (la famosa Jucopo), donde la mayoría de los coordinadores de Morena, Movimiento Ciudadano, PVEM y PT firmaron a favor. En contra quedaron PAN y PRI, que piden más tiempo y más oídos. El desacuerdo no es menor: adelantar la discusión significaría correr hacia una aprobación que ya causa incomodidad afuera y adentro del recinto.
Y es que esta semana López Rabadán se reunió con campesinos y productores de 11 estados. Llegaron preocupados, cansados y con una petición muy directa: “No aprueben esto tan rápido”. Para ellos, el agua no es un concepto jurídico, es su herramienta de trabajo. Temen que cambiar las reglas afecte directamente a unas 600 mil personas que hoy tienen concesiones, es decir, permisos legales para usar agua en sus actividades.
Además, contaron algo que cualquier persona del campo sabe: producir ya es bastante difícil como para sumar incertidumbre. Entre la inseguridad y la escasez, cualquier cambio sin diálogo se siente como un golpe más. Y aunque el Congreso ha abierto mesas, muchos insisten en que no se les ha escuchado lo suficiente.
Mientras tanto, afuera del Palacio Legislativo, decenas de agricultores, transportistas y organizaciones aguardaban. No llegaron con bloqueos ni gritos: lo hicieron con calma, orden y exigencia. Tractores, camiones y pancartas formaron una fila que más bien parecía un recordatorio visual de que las decisiones del Congreso no se quedan en el papel; caen sobre la tierra, el trabajo y la vida diaria de quienes dependen del agua.
López Rabadán reconoció ese comportamiento respetuoso y reiteró que el derecho a manifestarse está garantizado. Pero también dejó clara la tensión: si el pleno decide discutir hoy la Ley de Aguas, ella la presidirá sin favoritismos. Si no, habrá más tiempo para revisar lo que inquieta a los productores.
Al final, todo quedará en manos de la mayoría legislativa. Lo que está en juego no es menor: definir un nuevo marco legal para administrar el agua en un país donde cada gota importa, y donde cualquier cambio puede ser la diferencia entre sembrar… o no sembrar.
Deja una respuesta